Los dos abogados suizos del exjefe de policía guatemalteco Erwin Sperisen, condenado en 2015 en Ginebra a cadena perpetua por 10 asesinatos, pidieron este martes su puesta en libertad, luego de la absolución en Madrid del exministro de Carlos Vielmann, su superior jerárquico.

"Es la segunda vez que autoridades judiciales europeas desmienten a la justicia de Ginebra", dijo uno de los abogados, Florian Baer, tras recordar que Javier Figueroa, uno de los subordinados de Sperisen, fuera absuelto en 2013 en Austria.

El 15 de marzo, la justicia española absolvió al exministro guatemalteco de Gobernación Carlos Roberto Vielmann (2004-2007), acusado de autorizar el asesinato de ocho presos en su país.

"Estas dos absoluciones ponen en evidencia que la supuesta organización criminal a la que habría pertenecido Sperisen solo existe en el espíritu de los jueces de Ginebra", agregó Giorgio Campa, el otro abogado del jefe de policía guatemalteco, en alusión a la corte de ocho magistrados que lo condenó en segunda instancia, una sentencia que está apelada desde hace casi dos años, ante el Tribunal Federal suizo, máxima instancia judicial helvética.

"Hasta que el Tribunal Federal se pronuncie, Sperisen es presunto inocente. Hace cuatro años y medio que está en detención preventiva, por eso pedimos su libertad", recalcó Campa sobre su cliente.

Sperisen posee, además de la guatemalteca, la nacionalidad suiza, y por ello fue juzgado en este país, que no extradita a sus nacionales y puede juzgarlos por crímenes cometidos en el extranjero.

Los hechos por los cuales han debido enfrentar tribunales europeos estos tres altos cargos guatemaltecos se refieren a los homicidios de siete detenidos en la cárcel de Pavón, cerca de la capital, en 2006, y de otros tres prisioneros que se evadieron del penal El Infiernito, en 2005.

La corte de Ginebra consideró creíbles las pruebas contra Sperisen, aportadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), constituida por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, y recogió las conclusiones del entonces Relator Especial de la ONU contra las ejecuciones extrajudiciales, Philippe Alston, quien en 2007 presentó un informe donde denunció operaciones de "limpieza social" en Guatemala.