Como estaba previsto, el Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros la prohibición de los desahucios de familias vulnerables que no tengan una vivienda alternativa en la que residir, y también que se corten los suministros básicos a las familias que no puedan pagarlos. La medida estará vigente hasta el 9 de mayo, y aunque Unidas Podemos ya ha dejado entrever que presionará para ampliarla tras esa fecha, este martes el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, insistió en que se trata de una iniciativa "claramente excepcional".

Ábalos fue el encargado de presentar la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de varias semanas de tensa negociación en el seno del Gobierno por las reticencias del PSOE, que hasta hace apenas unos días no cedió en su rechazo a impedir los cortes de agua y gas. Finalmente, Unidas Podemos se ha impuesto en la batalla interna del Ejecutivo, pese a lo cual el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no estuvo este martes en la comparecencia.

Tal y como publicó este diario, quedan prohibidos los desahucios de familias consideradas vulnerables por los servicios sociales que tengan problemas económicos derivados de la crisis del coronavirus, así como también los de quienes arrastren dificultades desde antes. Para poder ejecutarse el desalojo, explicó Ábalos, la comunidad autónoma en cuestión deberá facilitar una vivienda alternativa al afectado. Y, si no es capaz, la familia podrá quedarse en su residencia aunque no pueda pagarla.

Los propietarios que no puedan echar a sus inquilinos tendrán derecho a una compensación por parte del estado, tanto si son pequeños como si son grandes tenedores -que tienen en alquiler más de diez viviendas-. Esta indemnización se calculará en base al índice de precios del alquiler elaborado por el Ministerio de Transportes, y según explicó Ábalos podrá cobrarse a partir de los tres meses de que se dio la orden de suspender el desahucio.

"Se trata de un decreto claramente extraordinario para un momento de excepcional dificultad" que busca "conservar el derecho constitucional a la vivienda para proteger a las familias más vulnerables y, a la vez, proteger los derechos de terceros, los arrendadores", argumentó el ministro. E insistió: la medida tiene "una vigencia limitada" porque es "claramente excepcional", y "finaliza el 9 de mayo", cuando también está previsto que termine el estado de alarma.

También fue muy tajante Ábalos en relación a uno de los puntos más polémicos del decreto: la prohibición de desahuciar a familias con menores o dependientes a cargo que okupen únicamente por necesidad viviendas vacías de grandes propietarios. "Esta normativa no legitima ninguna okupación", porque en ningún caso protegerá a quienes hayan okupado viviendas con "violencia o intimidación", y tampoco a quienes residan en casas que constituyan "residencia habitual, segunda residencia o hayan sido cedidas a otras personas". De igual forma, tampoco se cubrirá a quienes okupen viviendas de pequeños propietarios, sea cual sea su circunstancia.

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