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Una historia sobre el decomiso de activos

09/04/2019 00:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

En 1991, los oficiales de policía de Maui se presentaron en la casa de Frances y Joseph Lopes. Un oficial mostró su placa y dijo: «Vamos a la casa y te explicaremos las cosas». Una vez que estuvieron dentro, la explicación fue simple: «Vamos a tomar la casa».

Los Lopes estaban lejos de ser ricos. Trabajaron en una plantación de azúcar durante casi cincuenta años, viviendo en campamentos, para ahorrar suficiente dinero para comprar una casa modesta de clase media. Pero en 1987, su hijo Thomas fue atrapado con marihuana. Tenía veintiocho años y padecía problemas de salud mental. Cultivó la marihuana en el patio trasero de la casa de sus padres, pero cada vez que intentaban cortarla, Thomas amenazaba con suicidarse. Cuando fue arrestado, se declaró culpable, recibió libertad condicional por ser su primera ofensa y se le ordenó ver a un psicólogo una vez a la semana. Frances y Joseph estaban eufóricos. Su hijo mejoró, dejó de fumar marihuana y el episodio quedó atrás.

Pero cuando la policía se presentó y les dijo que su casa estaba siendo tomada, se enteraron de que el episodio no estaba detrás de ellos. Ese estatuto de limitaciones para la confiscación de activos civiles fue de cinco años. Solo habían sido cuatro. Legalmente, la policía pudo confiscar cualquier propiedad relacionada con la planta de marihuana a partir de 1987. Resucitaron el caso Lopes durante una búsqueda en todo el departamento a través de casos antiguos en busca de propiedades que legalmente podían confiscar.

Las raíces de la ley que permitieron que la policía se llevara su hogar se remontaban a 1970. Las leyes de decomiso anteriores solo se aplicaban a bienes que podrían considerarse un peligro para la sociedad: alcohol ilegal, armas, etc. Pero con el nacimiento del Guerra moderna contra las drogas, los legisladores querían algo con más dientes. El fiscal Robert Blakely, después de haber trabajado con el fiscal general Robert Kennedy y varios miembros del Congreso, proporcionó los dientes. Ayudó a redactar un proyecto de ley para un nuevo concepto legal, «decomiso criminal», que permitiría a la policía aprovechar las ganancias ilegalmente adquiridas de un criminal condenado.

En 1970, los objetivos eran ricos jefes de delitos, pero los activos que podían ser incautados consistían en cualquier cosa que fuera financiada con dinero relacionado con actividades delictivas. Para apaciguar a los preocupados por los abusos de poder, Blakely les aseguró que los fiscales tendrían que probar, más allá de toda duda razonable, que el delincuente era culpable de un delito antes de que pudieran incautarse los activos. No había nada de que preocuparse; Sólo los malos legítimos sufrirían.

La nueva política se aprobó como parte de la Ley de organizaciones de influencia y corrupción (RICO, por sus siglas en inglés) . Blakely era fanático de la película Little Caesar de 1931, y el acrónimo fue creado para honrar al personaje favorito de Blakely de la película: el gángster Rico Bandello.

El proyecto de ley RICO no fue realmente diseñado como parte de la Guerra contra las Drogas; Sólo estaba destinado a los delincuentes. Pero cuando Richard Nixon asumió el cargo, la Ley RICO fue una de varias herramientas nuevas que los miembros de su recientemente creada Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas (precursor de la Administración de Control de Drogas) podrían usar para luchar en su Guerra contra las Drogas. Combinado con otras innovaciones legales, como incursiones sin restricciones y sentencias mínimas obligatorias, Nixon y su administración curarían a Estados Unidos de la amenaza de las drogas.

Sin embargo, el molesto requisito de la «condena» obstaculizaba la capacidad de las autoridades policiales para incautar activos criminales. En 1978, Peter Bourne, Director de la Oficina de Abuso de Drogas de Jimmy Carter (el título «El Zar de las Drogas» a menudo se aplica de manera retroactiva), decidió que era necesario cambiar la ley. Bourne se enteró de un incidente en el que una maleta en el Aeropuerto Internacional de Miami se había dejado en el carrusel de equipaje durante tres horas antes de que la policía lo recogiera y encontrara $ 3 millones en el interior. Si Drug Kingpins podría permitirse el lujo de abandonar tanto dinero, deben tener suficiente dinero para no preocuparse por las leyes de decomiso penal.

Por lo tanto, a instancias de Bourne, el Congreso modificó la Ley RICO para permitir que la DEA confisque los activos sin una condena. La carga de la prueba no había desaparecido por completo (todavía), pero el Estado solo necesitaba una acusación, en lugar de una condena completa, para justificar la incautación de activos.Después de todo, el gobierno sabía quiénes eran muchos de estos Kingpins, pero los criminales continuaron enriqueciéndose mientras la DEA luchaba por construir casos contra ellos.

Incluso aquí, sin embargo, los bienes raíces estaban fuera de los límites. La confiscación de activos había evolucionado desde la incautación de artículos peligrosos, a la ganancia criminal después de una condena, a la ganancia criminal (y sus «ingresos derivados») sin el requisito de la condena. Pero los bienes raíces, como la casa de Lopes, todavía no se podían tocar.

Pero a lo largo de la década de 1970, la ley RICO todavía fue ignorada en gran medida por los fiscales. Blakely estaba organizando seminarios en la Universidad de Cornell, a los que asistieron agentes de la ley y fiscales federales, para instarlos a que aprovechen la Ley RICO en la Guerra contra las Drogas. Hizo pocas incursiones. La ley era difícil de manejar y los fiscales estaban sobrecargados de trabajo. Más de las veces, no valía la pena su tiempo. Mientras Blakely hacía poco efecto de las virtudes de su ley, sin saberlo, estaba ganando un aliado en el Congreso: el senador Joe Biden.

Biden, un joven senador de Delaware, tuvo que hacer algo para demostrar que, a pesar de su reputación «liberal», podía ser tan duro con el crimen como sus colegas republicanos. Tomó nota de la ley RICO y se dio cuenta de que las agencias de aplicación de la ley no se estaban aprovechando de ella, particularmente en lo que respecta a la Guerra de las Drogas. Se dirigió a la Oficina de Contabilidad General y les pidió que realizaran un estudio sobre los usos potenciales de RICO para la fiscalización de drogas.

El informe mostró que la Ley RICO otorgó enormes poderes a la policía para confiscar activos relacionados con las drogas, pero estos poderes no se estaban aprovechando de: «El gobierno simplemente no ha ejercido el tipo de liderazgo y gestión necesarios para hacer que el decomiso de activos se utilice ampliamente». técnica de aplicación de la ley «, señala el informe. Para cuando llegó el informe, Ronald Reagan se estaba estableciendo en el cargo y se estaba preparando para librar una nueva Guerra contra las Drogas.

Reagan llevó al FBI a la Guerra contra las Drogas y le dio una misión al director, William Webster. Sus agentes utilizarían los poderes de la Ley RICO para encontrar redes de narcotráfico y quitarles sus activos. Los cárteles de la droga deben ser no rentables. A medida que avanzaba la década de 1980, la guerra contra las drogas sería el mayor problema político del país. Los políticos de ambos partidos trabajarían para demostrar que podrían superar a los Drogas-Drogas y sus oponentes. Un representante demócrata de Florida, Earl Hutto, dijo: «En la guerra contra los narcóticos, nos hemos encontrado con el enemigo y él es el Código de los Estados Unidos». Biden señaló la ley RICO a la atención del Gobierno Federal, Reagan reclutó al FBI para Úselo contra los narcotraficantes, y ahora ambas partes trabajarán para desmantelar cualquier limitación legal que la ley aún pueda imponer.

La Guerra contra las Drogas se convirtió en un concurso de política de una sola mano. El Departamento de Justicia de Reagan luchó por todo tipo de nuevos poderes. El fiscal general Edwin Meese y su asistente del fiscal general William Weld (sí, ese Bill Weld) criticaron las limitaciones de su prerrogativa legal. Weld fue tan lejos como para argumentar a favor de la legalidad de usar la Fuerza Aérea para disparar desde el cielo a los presuntos aviones que traficaban drogas, una política que incluso su jefe no estaba dispuesto a respaldar.

Pero Meese, Weld y todos los demás parecían estar de acuerdo en que las leyes de decomiso no iban lo suficientemente lejos. Al exigir una acusación formal, el gobierno aún tenía que cumplir con algún estándar de culpabilidad razonable antes de incautar propiedades, lo que permitía que demasiados criminales de los que la policía sabía que eran culpables (pero no podían presentar un caso en su contra) se quedaran con sus ganancias ilícitas. Para llevar las cosas más lejos, el Departamento de Justicia argumentó que se debería permitir a las autoridades policiales tomar propiedades «sustitutas»; sabían que no podrían tomar todo lo que se pagaba con el dinero de las drogas, por lo que era lógico pensar que deberían poder tomar activos legalmente adquiridos de igual valor (sin embargo, eso se determinó). Y finalmente, con los bienes raíces fuera del límite, el gobierno no pudo confiscar las granjas de marihuana, los almacenes de drogas y los hogares criminales.

La Ley de Decomiso Integral solucionó todos estos problemas. El nuevo proyecto de ley fue presentado por el senador Joe Biden en 1983 y se convirtió en ley el año siguiente. Con esta ley, los agentes federales tenían poderes casi ilimitados para confiscar activos de ciudadanos privados. Ahora el gobierno solo necesitaba encontrar una manera de permitir que la policía local y estatal se uniera al partido.

Esto vino con la Ley de Control Integral del Crimen de 1984 . Además de una serie de nuevos poderes para los fiscales, la carga de la prueba por la incautación de activos se redujo una vez más (los agentes solo tenían que creer que lo que estaban incautando era igual en valor al dinero que se creía comprado en las ventas de medicamentos). Más significativamente, el proyecto de ley inició el programa de «intercambio equitativo» que permitió a las autoridades locales y estatales retener hasta el 80% de los activos incautados.

La ley entró en vigencia en 1986, un año antes de que Thomas Lopes se declarara culpable de los cargos de cultivar una planta de marihuana en el patio trasero de sus padres. En 1987, cuando Thomas se enfrentó al juez, el gobierno acababa de lograr que su policía local tuviera un incentivo enorme y una autoridad sin control para confiscar bienes a ciudadanos privados, siempre y cuando pudieran mostrar alguna conexión débil con las drogas. Para 1991, la policía de Maui se estaba quedando sin propiedades fácilmente incautadas, por lo que comenzaron a revisar archivos de casos dentro del límite de cinco años para encontrar nuevas formas de enriquecer su precinto con los poderes ampliados de RICO. Uno de esos archivos atrajo la atención de los Lopes.

Pero los Lopes son solo un ejemplo de millones. En el año en que su hogar fue confiscado por la policía por un cargo menor de drogas de cuatro años, se incautaron $ 644 millones en activos. Solo en 2018, el Fondo de Decomiso del Departamento del Tesoro registró casi $ 1, 4 mil millones en depósitos . La historia de Lopes simplemente ilustra que los delincuentes (independientemente de cómo se sientan acerca de las leyes de drogas) no son las únicas personas que son víctimas de esta política.

El abuso de esta política durante décadas ha alcanzado proporciones tan extremas que personas en todos los lados del pasillo político se han estado volviendo en contra. Mientras escribo esto (20 de febrero de 2019), la Corte Suprema ha votado unánimemente a favor de Tyson Timbs , cuyos $ 42.000 de Land Rover fueron incautados en 2015, luego de una condena por vender $ 400 en heroína. El Tribunal afirma que la pérdida de activos constituye una multa, y la Octava Enmienda, que protege a los ciudadanos de multas excesivas, se aplica tanto a los gobiernos estatales como a los locales. Las consecuencias de la decisión aún están por verse, pero parece casi seguro que la decisión unánime fue motivada por la creciente indignación contra las políticas de decomiso de activos civiles.

Referencias:

Baum, Dan. Smoke and Mirrors: The War On Drugs and the Politics of Failure. Boston: Little, Brown, 1996.

El artículo original se encuentra aquí.


Sobre esta noticia

Autor:
Miseshis (1562 noticias)
Fuente:
miseshispano.org
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Tipo:
Reportaje
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