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EFE

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El informe de la Fiscalía sobre el líder del PP, Pablo Casado, podría condicionar toda la instrucción del caso Máster al dudar de la existencia de un concierto entre el principal implicado, Enrique Álvarez Conde, y un grupo de alumnos para obtener el título. Esa premisa es la clave en la bóveda que sostiene la causa, en la que hay más imputados.

Especialmente en la pieza que afecta al presidente del Partido Popular dado que la Fiscalía no ve indicios de delito en Casado, una afirmación cuyo alcance puede ser aún mayor, ya que existen tres estudiantes de su promoción imputadas en la causa de Plaza de Castilla por hacer exactamente lo mismo que él.

Tanto es así que su imputación sería difícilmente sostenible en caso de que el Tribunal Supremo acogiese la tesis de la Fiscalía y, por tanto, no investigara a Casado, un escenario probable habida cuenta de que el alto tribunal suele seguir el criterio del Ministerio Público en estos casos, salvo contadas excepciones.

Para enrocar aún más la situación, la jueza se ha dirigido también este viernes a la Fiscalía para que diga si procede o no archivar la causa para estas tres estudiantes con una idéntica situación a Casado y para otro alumno más que está en la causa principal.

Un movimiento de pura estrategia judicial que parece más bien un toque de atención a la Fiscalía de Madrid, porque la jueza recuerda que nunca se ha opuesto a ninguna decisión respecto a estas cuatro personas, ni cuando las citó como investigadas ni tampoco cuando les mantuvo la imputación tras escucharlas en sede judicial.

Prevaricación en el máster

Una vez descartado por prescripción el delito de cohecho impropio que les imputó la jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez Medel, a los alumnos (un delito que, según la Fiscalía, sí podría haberse cometido), la pregunta es: ¿se puede imputar prevaricación a un estudiante por hacer las gestiones administrativas de su máster?

A diferencia del criterio de la jueza, la Fiscalía, cuyo informe lo ha elaborado el fiscal de más alto rango del Tribunal Supremo, Luis Navajas, considera que estas gestiones o "comportamientos neutrales" -así lo llama el Ministerio Público- no contribuyen a la comisión de un delito, a no ser que tengan "un sentido objetivamente delictivo".

De esta forma, la prevaricación se diluye al no existir, según la Fiscalía, dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria, la existencia de un concierto previo entre Álvarez Conde y ese grupo de alumnos escogidos a los que presuntamente se les regaló el título.

Todo ello pese a que hay una compañera de promoción de Casado, María Dolores Cancio, que sí reconoció ante la jueza que Álvarez Conde le regaló el máster sin hacer nada porque lo necesitaba para doctorarse. Habrá que ver si la Fiscalía ve aquí o no ese concierto cuando tenga que responder al escrito que la jueza ha dictado hoy.

"Meras sospechas"

Y es que lo que para la jueza es un indicio claro y evidente que vertebra toda la causa al hablar de determinados alumnos como cooperadores necesarios de la prevaricación, para la Fiscalía del Supremo "no pasa de ser una mera sospecha o conjetura".

He aquí otra de las claves del caso, pues la Fiscalía advierte de que, si la jueza sigue esta línea, puede llegar a encabezar una investigación prospectiva y, por tanto, desembocar en la nulidad de las actuaciones.

Precisamente, ésta es la estrategia de defensa que sostiene insistentemente el cabecilla de la trama, Enrique Álvarez Conde, y que la jueza niega con rotundidad al defender que su investigación se guía por el principio de continuidad delictiva.

Así, la denominada pieza C de Casado podría quedar herida de muerte siempre y cuando el Supremo rechazara la investigación, lo que no invalida a la jueza para seguir investigando esta causa -pero no al líder del PP- y en su caso volver a enviar al Alto Tribunal la pieza si tuviera nuevos indicios.

Y aunque la decisión del Supremo solo afectará a la pieza C, es innegable que sus consecuencias pueden extenderse a la causa principal, ya que para las defensas sería un baza importante por proceder de la máxima instancia judicial de nuestro país, especialmente en el caso de Conde y el profesor Pablo Chico, pues los dos están imputados en ambos procedimientos.

Ahora bien, nada afecta en el caso de la falsedad documental que se le imputa a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, porque aquí la clave está en que presuntamente se modificaron las actas de sus notas y del tribunal de evaluación final.

Si se demuestra que Cifuentes contribuyó en estas acciones bien como inductora o como cooperadora necesaria, sí que podría darse ese concierto que ahora la Fiscalía niega en el caso de Casado.

No será Hasta primeros de octubre cuando previsiblemente el Tribunal Supremo despeje el panorama judicial del caso Máster al decidir si abre o no causa contra el presidente del PP.

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