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Lenta, como la enfermedad que se va desarrollando en los trabajadores, sus familiares y los vecinos de las fábricas de Uralita, la justicia española va dando pasos y condena a la empresa de materiales de construcción por las terribles consecuencias para la salud que el amianto ha provocado entre las personas. En la última semana, una nueva condena confirman el efecto devastador que el polvo de amianto ejercía con los vecinos que vivían alrededor de las fábricas.

El pasado diciembre la Audiencia Provincial de Madrid condenaba por primera vez a Uralita a indemnizar con más de dos millones de euros a 39 personas por los daños ambientales y las enfermedades ya que estuvieron expuestos al amianto por la cercanía de sus casas a la fábrica de Cerdanyola. La semana pasada se conocía otra condena del juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid que sentenciaba que la defunción de 14 vecinos y familiares de extrabajadores esta planta de Uralita tienen su origen y causa en la "falta de diligencia" de la empresa.

El Colectivo Ronda, despacho de abogados que representa a afectados por el amianto, ha ganado las dos denuncias. Su abogada Esther Pérez explica el juez ha tenido en cuenta que "la empresa no actuó con la diligencia debida al ser conocido el elevado riesgo de la utilización del amianto y condena a indemnizar con 1, 7 millones como responsable de las patologías y defunciones de afectados que entraron en contacto con el material en el ámbito de su propio domicilio, expuestos por vivir en un radio de 2 kilómetros alrededor del centro fabril".

Inspecciones en 1977

La abogada recuerda como en 1977 ya hubo una inspección de la fábrica por parte de un ingeniero del Ayuntamiento de Cerdanyola en el que constata la pésima situación de las instalaciones con ventanas rotas, puertas que no se cierran, salidas de humos en malas condiciones y no se realizaban extracciones centralizadas para evitar que el amianto saliera de las naves. Una testigo del juicio declaró que había "un verdadera nube de polvo de amianto" alrededor de la fábrica.

"Anteriormente no se había conseguido una condena porque los jueces apuntaban que no se podía afirmar categóricamente que el amianto proviniera de un punto concreto, una juez llegó a decir que también podría venir del desgaste de las pastillas de freno de una autovía cercana, pero la realidad es que en las zonas más cercanas a las fábricas hay 10 veces más enfermedades que en otras ciudades, y el mismo patrón ocurre en Cerdanyola y en Getafe, donde había fábricas de Uralita", comenta desde este despacho de abogados.

El amianto fue prohibido en España en 2001 pese a que el Centro Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó todas las categorías de amianto como cancerígenas en 1973. Uralita tuvo cinco fábricas de fibrocemento, el material para la construcción que contenía el amianto, funcionando entre 20 y 50 años a partir de la década de los 60 del pasado siglo en Cerdanyola-Ripollet (Barcelona), Getafe, San Vicente (Alicante), Valladolid, Sevilla y Quart de Poblet (Valencia). La primera condena contra la empresa Uralita llegaría en España en 1997: el trabajador de la factoría de Cerdanyola obtuvo en 1982 del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la invalidez permanente en grado total por la enfermedad profesional denominada asbestosis pulmonar. Falleció en 1993 por un cáncer de pulmón.

Víctimas sin relación laboral con Uralita

Desde el Colectivo Ronda explican la importancia de estas sentencias ya que los tribunales reconocen por primera vez a las víctimas ambientales. "Primero se consiguió un reconocimiento para los trabajadores ya que los tribunales condenaron a la empresa por no cumplir con la Ley de prevención de riesgos laborales. Posteriormente, en los juzgados se reconoció que a las víctimas domésticas que convivían con los trabajadores pero también por la vía laboral, ya que las sentencias condenaban a la empresa por incumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales porque no trataba la ropa de los trabajadores. Ahora estas sentencias reconocen a las victimas ambientales, sin relación laboral con la empresa, personas que ha enfermado por vivir cerca de la fábrica".

Los abogados de Colectivo Ronda apuntan que desde 2012 se han dado más condenas contra la compañía, sin embargo Uralita no cambió su nombre por Corporación Empresarial de Materiales de Construcción (Coemac) hasta 2015 para "reflejar la nueva etapa iniciada por el grupo de materiales de construcción tras el saneamiento financiero llevado a cabo", según apunta la propia compañía en una nota de prensa. Ni una mención al calvario de sus trabajadores ni a las continuas condenas que han sufrido desde entonces en los juzgados españoles.

En su memoria de resultados correspondiente a 2017 (obtuvo 8, 6 millones de beneficios) la antigua Uralita explica que "incluyen provisiones para gastos derivados de procedimientos sociales y de responsabilidad civil iniciados contra el grupo por reclamaciones relacionadas con antiguos procesos de producción abandonados hace más de una década por importe de 23, 0 millones de euros". Esta empresa no ha respondido a la llamada de eldiario.es para dar su versión.

"El pico de incidencia de mesotelioma está por llegar"

La doctora María Antonia Juretschke, neumóloga del Hospital Universitario de Getafe, explicó en unas jornadas organizadas por este colectivo la semana pasada en Getafe que "se sabe desde hace mucho tiempo que es una sustancia muy tóxica. La exposición al amianto en España ha sido brutal, pero todas las enfermedades relacionadas con el amianto tardan muchos años en manifestarse. El pico de incidencia de mesotelioma está por llegar, aunque cada vez tenemos más formas de diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer".

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de octubre de 2013 recalca que "Uralita sabía desde 1947 que el polvo de amianto era peligroso y no adoptó ninguna medida de protección hasta bien entrados los años 70, amparada en una regulación absolutamente obsoleta y permisiva con el empresario. Desde el mismo momento en que conoció la peligrosidad del amianto, debería haber puesto especial cuidado en la protección de los trabajadores que lo manipulaban".

Otra sentencia del Tribunal Supremo diciembre de 2015 reconoce el derecho a tres esposas de trabajadores de las plantas de Uralita en Getafe y Valdemoro a cobrar una indemnización por enfermar que "n o se trata de analizar si Uralita S.A cumplió o no con la normativa laboral en materia de prevención de riesgos por la manipulación de asbesto o amianto, lo que es propio de la jurisdicción social, sino si aquélla actuó frente a terceros ajenos a esta relación con la diligencia exigible una vez que a partir de los años cuarenta va teniendo un mayor conocimiento del riesgo que, en general, suponía la exposición al polvo de amianto, incluso para terceros ajenos a la relación laboral".

Más de 70 años después de que Uralita conociera el impacto del amianto sobre la salud de las personas las cifras de posibles afectados son aterradoras. Un informe de Comisiones Obreras apuntaba que la cifra de víctimas mortales en España entre 2000 y 2030 se elevaría las 50.000 provocadas por la exposición al amianto durante en las décadas de los ochenta y los noventa. E ntre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos oficiales vinculados directamente al amianto. Investigadores del Instituto de Salud Carlos III hicieron un informe en 2013 en el que señalaban que entre 2016 y 2020 más de 1.300 personar morirían por cáncer pleural derivado del amianto. La Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Catalunya (AVAAC) estima que "han fallecido 40.000 personas por el amianto y se prevé que puedan fallecer 40.000 más, lo que es un auténtico genocidio laboral y social". La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que anualmente en el mundo se producen 100.000 muertes en todo el mundo por estar en contacto con este producto contaminante.

En el Colectivo Ronda subrayan que "lo más dramático de los juicios relacionados con el amianto es que se empieza con una persona pero la sentencia no suele llegar con ella viva. Es una enfermedad que tarda en desarrollarse pero que luego tiene unos efectos muy rápidos en los pacientes. Uralita mantiene una política continua de emprender recursos contra los procedimientos judiciales para intentar desincentivar a unas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy alta. El Poder Judicial debería tomar cartas en el asunto porque Uralita solo pretenden demorar los procesos judiciales sin ninguna razón".

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