El fracaso de la moción de censura de Ciudadanos y el PSOE contra el Gobierno del PP en Murcia, precipitada por la rebelión de tres diputados de la formación naranja, ha despertado el debate sobre si esos tres representantes autonómicos pueden ser considerados tránsfugas y comparar el caso con el recordado Tamayazo .

La vicepresidenta murciana, Isabel Franco, ya ha sido expulsada del partido liderado por Inés Arrimadas junto con Valle Miguélez y Francisco Álvarez. Franco, cabeza de la rebelión, compareció el viernes pasado junto con el presidente popular, Fernando López Miras, para confirmar que iban a votar en contra de la moción, aduciendo que no podían ir en contra del acuerdo firmado al principio de la legislatura.

Ciudadanos también ha acusado al PP de haber faltado al Pacto Antitransfuguismo. Un acuerdo del que forman parte los principales partidos, cuyo objetivo es "dar estabilidad" a las instituciones.

Aunque el pacto data de 1998, fue el caso Tamayo el que dio impulso a los esfuerzos de los partidos para luchar contra el transfuguismo.

Tras las Elecciones del 25 de mayo de 2003 en la Comunidad de Madrid, el PSOE se vio con posibilidades de conseguir la presidencia autonómica. Obtuvo 47 diputados, que sumados a los 9 de izquierda le daba la mayoría absoluta.

Pero en la segunda votación de la investidura, dos parlamentarios del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, se ausentaron e impidieron así la elección de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad. Las elecciones acabaron repitiéndose, y al final Esperanza Aguirre ganó para el PP la presidencia.

El acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, más conocido como Pacto Antitransfuguismo, fue firmado en julio de 1998, y a lo largo del tiempo ha tenido altas y bajas. Fue actualizado en los años 2000 y 2006, y tras un largo letargo fue reactivado el otoño pasado para expresar el deseo de extenderlo a los ámbitos autonómicos y estatal.

El pacto define el transfuguismo como "una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas", y precisamente en su última actualización establece una definición de tránsfuga.

"A efectos del presente acuerdo, se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes".

También se considera tránsfuga a esa persona electa "si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso·.

Aunque se ha comparado el cambio de sentido de Franco, Miguélez y Álvarez de transfuguismo, ha habido analistas políticos que han rechazado comparar su caso con el tamayazo y que en este caso no se ha demostrado la existencia de corrupción, sino desacuerdo político en el seno de Ciudadanos.

Lo cierto es que la definición del pacto es muy amplia. Sin embargo, puede considerarse que los tres diputados se han apartado de la disciplina de partido, habiendo primero firmado la moción y después apartándose de ella. Por si eso fuera poco, también han sido expulsados de la formación.

Además, el propio pacto prevé que, cuando haya dudas de si a una persona se le puede o no calificar de tránsfuga, será el propio partido de origen quien lo aclare, cosa que ya ha hecho Ciudadanos al expulsarlos.

El propio pacto recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional indica que el diputado tránsfuga no pierde sus derechos políticos por haber sido expulsado de partido. "Quien ha sido elegido directamente por sufragio universal por el pueblo no puede ser separado de la titularidad otorgada por el pueblo".

Sin embargo, el pacto aboga porque estos cargos electo no mejoren si situación política dentro de la cámara y se limite su participación en comisiones. Además, hace un llamado para que no gocen de ventajas económicas y materiales que las leyes otorgan a los grupos políticos.

El pacto no dice nada de la situación de los tránsfugas en el Ejecutivo. Este viernes, el presidente murciano ha confirmado que Franco seguirá como vicepresidenta, mientras que Miguélez y Álvarez han sido integrados en el Gobierno como la nueva consejera de Empresa, Industria y Portavocía y el nuevo consejero de Empleo, respectivamente.