Escrito por www.defensoresenlinea.com Viernes, 15 de Julio de 2011 23:36 Un violento desalojo forzoso deja a familias en peligro Pais

La policía ha desalojado forzosamente a 114 familias, algunas con niños de corta edad, de una comunidad del norte de Honduras. Unas 80 personas viven ahora en un centro comunitario cercano en unas condiciones de insalubridad que suponen un peligro para su salud, señala la organización defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional, en una acción urgente emitida, y llama a sus activistas en el mundo a demanadar acciones para detener esta situación en la comunidad de Rigores, en el Aguán.

La policía desalojó forzosamente a una comunidad en la localidad de Rigores, departamento de Colón, el 24 de junio. Un juez local había dictado una orden de desalojo: la comunidad llevaba muchos años viviendo en esas tierras, pero un hacendado local afirma ser el propietario legítimo de la tierra, y quiere que la comunidad sea desalojada. Según los residentes locales, la policía llegó con tractores y destruyó casas pertenecientes a miembros de la comunidad, así como siete aulas que forman parte de la escuela local, una guardería y dos iglesias. Unas 493 personas quedaron sin hogar.

La orden de desalojo se dictó el 23 de mayo, pero a la comunidad no se le notificó. La policía llegó a Rigores a las 10 de la mañana del 24 de junio, y dijo a los miembros de la comunidad que tenían dos horas para empaquetar sus cosas y marcharse. Hacia las dos de la tarde, la policía empezó a destruir tanto los edificios comunitarios como las casas de los residentes y sus pertenencias. No se ofreció a nadie una vivienda alternativa, el reasentamiento o el acceso a tierras productivas, ni tampoco una indemnización, ni antes ni después del desalojo. Tampoco se ha garantizado a nadie el acceso sin peligro a las tierras para cuidar sus cosechas, muchas de las cuales fueron destruidas durante el desalojo.

Unas 80 personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, se han refugiado en el centro comunitario de Rigores, a unos 3 km de distancia. El centro no fue diseñado para vivir en él. El edificio está abarrotado, y el agua de lluvia se filtra dentro, por lo que la mitad del espacio interior tiene una humedad constante. Además, hay muy pocos retretes e instalaciones higiénicas. Los miembros de la comunidad, especialmente los de menos edad, corren peligro de enfermar. La comunidad depende para su supervivencia de la tierra de la que fue desalojada en Rigores. Honduras es parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que está obligada a garantizar que los desalojos no dan “ lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos” .